Luz verde a nuestra propuesta para elaborar un Código de Buenas Prácticas en contratación cultural en consenso con el sector

El Pleno del Ayuntamiento celebrado este martes ha dado luz verde a la moción que desde Sí se Puede Valladolid presentábamos con el fin de elaborar un Código de Buenas Prácticas en la contratación cultural con la que perseguíamos, tal y como lo ha defendido nuestra portavoz, Charo Chávez, que el Consistorio dé un paso adelante en la lucha por la dignificación laboral de los creadores, artistas, personal técnico y auxiliar….

Lejos de la imagen tradicional del artista, la precariedad es una característica del sector y tiene a veces mucho que ver con la administración pública y su gestión de los derechos laborales en la contratación, razón por la que, mientras se elabora el Estatuto del Artista y el Trabajador de la Cultura, proponíamos la redacción del Código en colaboración con el sector cultural, cuyas demandas hemos traído al Salón de Plenos

La cultura es un eje fundamental de nuestra acción  política porque la consideramos un motor social fundamental, por lo que esperamos que cuanto antes se comience a trabajar en el Código y se concluyan los trabajos de redacción del Estatuto, que de modo imprescindible tendría que redefinir conceptos como el de trabajador de la Cultura, además de regular las actividades artísticas y contemplar mejoras fiscales y laborales.

En el pleno de hoy se han puesto también sobre la mesa otros temas como el de vivienda, de mano en este caso de sendas mociones de Ciudadanos y del PP con las que de nuevo pretenden cuestiones tan sorprendentes como, en el caso de los últimos, que apoyemos la adhesión de Valladolid al Plan Estatal de Vivienda. Gloria Reguero se ha encargado de desenmascararles con datos: la adhesión costaría 4 millones en dos años al Consistorio, es decir a los vallisoletanos, y además contempla programas que no se pueden aplicar en la ciudad. Pero no es todo: con la propuesta del PP el Ayuntamiento aportaría más al Plan Estatal que la Junta, que es la que tiene las competencias. Es decir, que mientras otras ciudades piden más dinero para vivienda, el PP quiere que los vallisoletanos paguen.

¿Cuál es la realidad? Que baja la inversión en vivienda y suben desmesuradamente los alquileres, por lo que Unidos Podemos ha presentado una propuesta para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos, lo que sí ayudaría a solucionar muchos de los problemas de vivienda existentes. 

Por otro lado, la moción de Ciudadanos ha permitido que Héctor Gallego asegure que no respaldaremos iniciativas que permitan procesos de alzamiento sin escuchar a los desahuciados y sin buscar alternativas habitacionales para las familias vulnerables. “Hay que garantizar, de verdad, el derecho a la vivienda y se tienen que respaldar iniciativas que promuevan un parque público de alquiler. El derecho a una vivienda digna está reconocido en la Constitución y todavía existen situaciones de emergencia habitacional“, ha recordado.

La primera de las mociones ha sido una corporativa para instar a la plena integración laboral de los hombres y las mujeres militares que finalizan su relación profesional con las Fuerzas Armadas y la última, una con la que el PP buscaba el apoyo del Pleno a las mejoras sociales contenidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Sí, sorprendente: piden nuestro apoyo a las mejoras sociales de sus PGE y Gloria Reguero les tiene que recordar que no suben las pensiones ni dotan el Pacto contra la Violencia de Género pero sí rescatan bancos y autopistas y suben las partidas en Defensa y Seguridad Ciudadana. ¿De qué mejoras sociales hablan si la economía crece al nivel previo a la crisis pero sus cuentas para 2018 no recogen el gasto social de entonces?

Frente a ello apoyamos, y hemos pedido su apoyo también, las 15 medidas del proyecto alternativo de Unidos Podemos que bajo el título “Cuentas para un nuevo país” sí redundarían en una mejor calidad de vida y atención de los ciudadanos.

La EBAU ha sido objeto de debate en el pleno, escenario en el que Charo Chávez ha tenido que recordar que la Educación es una competencia transferida a la Comunidad, por lo que es la Junta responsable de esa injusticia que denuncian los estudiantes. El problema de la desigualdad en el acceso a la universidad no radica en si la prueba es igual o no sino en cuestiones como las tasas, que en el caso de Castilla y León son las más altas de España, o en el aumento de las becas. ¿Qué consideramos fundamental? El impulso de un Plan Nacional de Educación Inclusiva que reconozca la diversidad y garantice la integración; la garantía del derecho a una educación vehiculada en las lenguas cooficiales y un nuevo sistema de acceso a la función pública docente.

Criticamos y argumentamos, porque es el compromiso que adquirimos con nuestros votantes, pero también proponemos, porque no entendemos otro modo de trabajar. Y seguiremos haciéndolo y haciéndolo juntos, porque #JuntosSísePuede 

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