La defensa de los servicios públicos y los derechos ciudadanos, la transparencia y un nuevo desarrollo rural, pilares de nuestra acción en la Diputación en 2017

La defensa de los servicios públicos esenciales y de los derechos de los vecinos que viven en nuestra provincia, además de la apuesta por la transparencia en ámbitos tan sensibles como las listas de espera de los centros residenciales y la defensa de un nuevo modelo de desarrollo rural basado en la equidad, la justicia, la sostenibilidad y la innovación han marcado la acción política del Grupo Provincial Sí se Puede en la Diputación de Valladolid a lo largo del año 2017.


No podemos olvidar que los servicios públicos y la accesibilidad son, muy especialmente en el medio rural, garantes de la igualdad de oportunidades, por lo que en 2017 hemos presentado distintas iniciativas centradas en este ámbito, desde la petición a la Junta de Castilla y León de la recuperación de las cuantías de inversión en Educación y Sanidad previas a la crisis y los recortes y la mejora de las infraestructuras de la provincia que así lo requieran, hasta la propuesta de dotación de una segunda línea de financiación a los municipios para acabar con las barreras arquitectónicas.
Además, en nuestra apuesta por la defensa de los derechos ciudadanos hemos llevado al Salón de Plenos de la Diputación iniciativas de calado como el apoyo al proyecto de Ley de Vivienda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Stop Desahucios, que no recibió el apoyo de la Corporación pese a contemplar medidas tan relevantes como la dación en pago retroactiva, el alquiler asequible, el freno de los desahucios, la vivienda Social y la garantía de suministros.

La defensa de la transparencia, plasmada a lo largo de este curso en diversas iniciativas como la publicación tanto de las listas de espera de los centros residenciales como de las plazas asignadas, o el apoyo al yacimiento arqueológico de Pintia, un recurso cultural de primer orden del que puede presumir la provincia de Valladolid y que precisa de colaboración para poder continuar con las excavaciones han centrado también la atención y el interés de nuestro Grupo, que también ha reclamado la elaboración de un estudio para establecer una tasa a las empresas energéticas por ocupación de dominio público y ha exigido al Consejo General del Poder Judicial que revoque la decisión por la que se ha unificado en un único juzgado, en este caso el nº4 de Valladolid, la tramitación de todas las demandas ciudadanas por el cobro de cláusulas abusivas por los importantes perjuicios que ya está acarreando para los vecinos de la provincia de Valladolid.

La defensa de la soberanía alimentaria y la dinamización de los territorios agrarios han sido otros compromisos alcanzados en la Diputación a propuesta del Grupo Sí se Puede, que también ha logrado el apoyo necesario para instar a la Junta de Castilla y León a crear un nuevo marco normativo de protección animal y una verdadera estrategia autonómica contra el maltrato y el abandono animal en un escenario de claro cambio de actitud de la ciudadanía en todo lo que al bienestar animal se refiere.

UN AÑO MÁS DE CONTINUISMO

El año 2017 ha sido un año perdido para la provincia de Valladolid, que de nuevo se ve abocada a una política continuista y falta de propuestas y ambición por parte del equipo de Gobierno de la Diputación, que sigue mostrándose incapaz de dar respuesta a las necesidades de un territorio gravemente afectado por la despoblación, el desempleo, el envejecimiento y la falta de oportunidades.

En este escenario, el PP (siempre con el apoyo de Ciudadanos) insiste en aprobar planes de empleo dotados insuficientemente y poco adaptados a la realidad de la provincia, en la que lamentablemente se siguen primando megaproyectos como el del castillo de Fuensaldaña cuando miles de vecinos se encuentran aún en situación de emergencia.

Como bien sabéis, para hacer frente a todas esas situaciones desde Sí se Puede Valladolid presentamos una veintena de enmiendas al Presupuesto para 2018 por valor de más de 2,5 millones que, además, sentaba las bases de su proyecto para la provincia, basado en un modelo de desarrollo rural justo, sostenible, innovador y ecológico. Esta apuesta se materializa con medidas imprescindibles como la creación de un Parque Provincial de Vivienda Social; un Plan de Inserción Laboral para personas en riesgo de exclusión social por causas de género y víctimas de violencia machista; apoyo a las economías social y circular; un Plan de Retorno del Talento y otro Estratégico contra la Brecha Digital, entre otras medidas.

La financiación para afrontar ese cambio de modelo procedía, como ya es habitual, de la transferencia a Sodeva, sociedad cuya disolución defendemos para acabar con años de gestión dudosa y opaca, tal y como ha quedado patente en las reuniones de la Comisión de Investigación de Meseta Ski, primera de estas características creada en la Institución y que comenzó su actividad este mismo año. De hecho, las sesiones celebradas hasta el momento han permitido confirmar la falta de control y la arbitrariedad en la toma de decisiones en torno al proyecto, que fue declarado inconstitucional tras siete millones de inversión (tres de ellos incrementados en apenas unos meses) y que ha sido rediseñado como espacio para distintas actividades, aunque aún permanece cerrado.

Las sesiones celebradas en las últimas semanas por la Comisión han estado, lamentablemente, marcadas por la falta de asistencia de las personas llamadas a comparecer, pertenecientes en la mayor parte de los casos a empresas que rubricaron contratos con Sodeva pagados con fondos públicos y de los que, parece, ahora no quieren aportar más información. Es por ello que aún no se conocen las razones por las que el presupuesto del proyecto pasó de cuatro a siete millones, ni quién pagó los viajes al extranjero que se realizaron para conocer iniciativas similares, ni los criterios que llevaron a elegir la ladera de Villavieja del Cerro, que se había visto afectada por un incendio años atrás, ni los motivos del cambio de material y de la longitud de pista, que disparó el precio pagado a Corsán por el proyecto.

El reto para 2018 lo tenemo claro: seguir trabajando en el modelo de desarrollo rural en el que creemos, que es el que sitúa a nuestros vecinos y sus necesidades en el centro de toda acción. Y sabemos que juntos Sí se Puede.

¡Feliz 2018!

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