Carlos Baró cobró casi 500.000 euros sin presentar informes por escrito

Desde el Grupo Municipal Sí se Puede Valladolid lamentamos la ausencia, en la Comisión de Investigación sobre la gestión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad de hoy, de Carlos Baró, asesor ferroviario del exalcalde Javier León de la Riva y quien no entregó los correspondientes informes pese a los 500.000 euros cobrados con cargo al erario público.

Nuestra portavoz en la Comisión de Investigación, Charo Chávez, asegura que los dos testimonios recabados hoy de los técnicos de Urbanismo que sí han comparecido confirman que Baró tenía una gran capacidad ejecutiva, incluso superior a la del concejal, y que era el interlocutor entre Alcaldía, la Consejería de Presidencia del Consistorio, la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y los técnicos de la Oficina Ferroviaria, pero también con todos los agentes intervinientes de una u otra manera en las operaciones.

“Además, jamás entregó ningún informe, porque así consta en toda la documentación que se tiene, que sirviera como base documental o técnica para que a su vez los técnicos del Ayuntamiento pudieran realizar sus informes. Y era el que transmitía todas las ideas y órdenes que tuvieran que ver con esta operación”, asevera Chávez, quien recalca la gravedad de que cobrara cerca de 500.000 euros del erario público cuando no entregaba informes.

Carlos Baró ha sido dibujado como una figura controvertida y de gran poder que participaba a partes iguales de lo público y de lo privado, según nuestra portavoz, quien lamenta también la ausencia hoy del exinterventor Jesús Velázquez, quien no obstante en una carta remitida a la Comisión niega haber realizado ningún informe sobre las operaciones ferroviarias que llevaba el Ayuntamiento a cabo.

Charo Chávez ha confirmado hoy, de mano de las comparecencias celebradas, el gran poder mantenido por ADIF en lo que se refiere a las decisiones que se han tomado tanto en la actualidad como en años anteriores: ha sido el organismo que ha decidido sobre el proceso de los proyectos y el que conocía su coste y cómo se realizaban las valoraciones.

“No se nos ha aclarado si el Gobierno anterior, a pesar de la  crisis y de que ya parecía que iba cediendo la posibilidad de hacer el soterramiento, se esmeró y trabajó mucho más intensamente para que fuera viable el proyecto”, lamenta Charo Chávez, quien sí ratifica que la causa que en todo momento figura para no abordar el soterramiento es la falta de recursos económicos dado que se trataba de un proyecto fiado a la venta de unos terrenos que jamás pudieron liberarse.

En el cuestionario preparado por Sí se Puede Valladolid para trasladar al asesor ferroviario del exalcalde Javier León de la Riva figuraban preguntas sobre su vinculación previa con el Ayuntamiento, las razones de la urgencia del primer contrato que se le adjudicó, el montante total cobrado por su labor de asesoramiento (casi 500.000 euros) y la identidad de la persona que supervisaba su trabajo y el cumplimiento de sus contratos.

Asimismo, el Grupo Municipal había previsto preguntarle por los “informes orales”, “notas personales” y la “asistencia técnica” prestada al alcalde en distintos ámbitos y su implicación, por ejemplo, en la construcción del nuevo complejo ferroviario, en el proyecto Rogers e incluso con los medios de comunicación y a quién y cómo enviaba sus informes. Por último, el cuestionario recogía una pregunta a propósito de las razones por las que en 2015 pidió la rescisión de su contrato.

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