Monthly Archives

julio 2015

Declaración institucional de oposición a la aplicación del acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP)

By | Actividad Provincial | No Comments

PROPOSICIÓN que presenta Héctor Gallego Blanco, Portavoz del Grupo Provincial de Sí Se Puede Valladolid, al Pleno del Excma. Diputación Provincial a celebrar el jueves día 30 de julio de 2015, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así como del artículo 66 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Valladolid.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE OPOSICIÓN A LA APLICACIÓN DEL ACUERDO TRANSATLÁNTICO DE COMERCIO E INVERSIÓN (TTIP)

En 2013, la Comisión Europea recibió el mandato de los estados miembros de la Unión Europea (UE) de negociar con los Estados Unidos (EEUU) el Tratado Transatlántico del Comercio y de la Inversión (ATCI, más conocido como TTIP por sus siglas en inglés), también conocido como Acuerdo Trasatlántico de Libre Comercio (TAFTA) presuntamente con el fin de incrementar el comercio entre la UE y EEUU, reduciendo las barreras no arancelarias, con objeto de conseguir crear empleo, crecimiento económico y mejora de la competitividad.

Desde entonces, UE y EEUU están negociando en secreto, con un intolerable déficit de transparencia y control por parte de la ciudadanía y de sus representantes políticos (parlamentos nacionales y europeo) un amplio acuerdo de liberalización de comercio e inversiones, que representa un serio peligro para la democracia y la debida protección de los derechos laborales, medioambientales y de salud, anteponiendo el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales (ETN) al interés general.

Esta “mayor liberalización de las relaciones comerciales EE.UU-UE”, tal como está concebida, implicaría una rebaja de los estándares europeos y americanos, es decir de las regulaciones que protegen al consumidor, a los trabajadores y al medioambiente, ya que se enfrentan a los beneficios de las corporaciones. De esta manera, y bajo este principio, se pondría fin al “Principio de precaución” vigente en Europa que regula la legislación sobre alimentación y derechos de los consumidores europeos.

Este acuerdo supondrá la mercantilización absoluta de nuestras vidas y el sometimiento total de la soberanía de los estados a los intereses de las grandes corporaciones, con acuerdos que se están negociando en secreto, sin ningún tipo de transparencia ni control por parte de organismos públicos.

El TTIP, tiene entre sus objetivos la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de prestación de los mismos a las ETN , así como a las compras y licitaciones de bienes y servicios de las Administraciones Públicas, lo que pone en peligro el funcionamiento de todos los servicios públicos y de las compras públicas, en todos los niveles, comprometiendo la facultad de los representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la industria, el empleo y las iniciativas locales.

Pero, sobre todo, el TTIP, ignora cualquier legislación nacional o local en materia de inversiones. Al introducir la cláusula ISDS  de solución de controversias Inversionistas–Estado, permite a las grandes corporaciones llevar a los gobiernos (local, regional, estatal) ante los tribunales en caso de que se perjudiquen sus intereses y beneficios, lo que limita todavía más la capacidad de las Administraciones Públicas para aplicar leyes en la áreas de salud pública, de medio ambiente y protección social.
De este modo, las leyes del comercio priman sobre cualquier otra consideración social, e ignoran la legislación nacional, regional o local, de tal forma que los ayuntamientos y las comunidades locales se encuentran totalmente sometidos por este tipo de ajustes estructurales restrictivos. Si las negociaciones sobre el TTIP siguen adelante, la lógica impuesta por este tratado llevaría al desmantelamiento de los servicios públicos, así como a la pérdida de libertad de los poderes locales para suministrar los servicios necesarios que permitan satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones y la promoción de políticas de fomento de la actividad industrial y del empleo local.

La aprobación del TTIP contribuiría, en el caso de España, a la planificada ofensiva del neoliberalismo conservador del gobierno español de desmantelamiento de los municipios, que bajo el nombre de Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local el gobierno de la nación pretende tres objetivos básicos:

  • Restringir la democracia y autonomía local

  • La supresión de competencias y servicios públicos locales y

  • La total privatización de los servicios municipales.

La irracionalidad y la insostenibilidad de esos objetivos están provocando consecuencias muy negativas para la ciudadanía y el pequeño y mediano empresario:

Los gobiernos regionales dentro de la UE tienen el derecho a ser informados sobre la legislación que va a ser acordada a nivel europeo y que les afecta, así como a las corporaciones locales y comunidades autónomas del territorio español , para que así puedan expresar sus opiniones. Ese derecho no se ha facilitado hasta ahora a las distintas regiones y corporaciones locales europeas respecto a las negociaciones que se vienen produciendo con relación al TTIP.

EEUU y la UE intentan incluir en el TTIP medidas para la protección de los inversores. En el caso de presentarse conflictos por parte de dicho colectivo con el estado, una Comisión de Arbitraje será quien se encargue de resolverlos, la denominada “Investor-to-State Dispute Settlement” (ISDS). Este órgano tendría competencias para establecer compensaciones económicas de los Estados a los inversores siempre que estos demuestren que aquellos aplican ciertas medidas (tales como el aumento en estándares de la protección del medio ambiente) o que reduzcan los beneficios futuros de una compañía. El Estado en este caso puede recurrir judicialmente la decisión y le pueden dar la razón, pero le va a suponer unos costes procesales muy elevados. Además, las decisiones de los órganos de arbitraje son firmes y no pueden ser apeladas.

Aunque las reglas de organismos similares al ISDS son bastante comunes en los acuerdos de libre comercio entre los EEUU o la UE con los países emergentes con objeto de garantizar cierta previsibilidad de las decisiones legales, éstas no son necesarias en países con sistemas legales y judiciales altamente desarrollados, tales como la Unión Europea y los Estados Unidos.

Así mismo, a la ciudadanía le interesa que los servicios públicos sean eficientes para asegurar una buena calidad de vida. El tratado de Lisboa concede a los Estados Miembros de la UE la competencia para definir y organizar los servicios del interés general. Por lo tanto la terminología del acuerdo tiene que ser la misma de los tratados de la UE, especialmente el Tratado de Lisboa, ya que éste desempeña un papel esencial respecto a los “servicios del interés general”. Por ello resulta inadecuado el término “utilidades públicas”, utilizado en la terminología del acuerdo.

Los servicios públicos continúan evolucionando con los cambios políticos, tecnológicos y sociales. En contraste con ello, los acuerdos comerciales implican a menudo el riesgo de restringir las políticas públicas con “cláusulas freno”, especialmente en el campo de los servicios públicos.

En lo que se refiere a la contratación pública, el objetivo que se pretende con el TTIP es mantener el Acuerdo de Contratación Pública (GPA) de la Organización Mundial del Comercio (WTO) hasta crear un nuevo acuerdo mejorado. El GPA está siendo utilizado por la Comisión de la UE como justificación para reducir las garantías en la ley de la contratación pública.

Cualquier clase de acuerdo, incluyendo la contratación pública debe conducir a aumentar las garantías y no a reducirlas. Ese acuerdo no debe a su vez poner en peligro los aspectos progresivos de la ley de contratación pública de la UE, especialmente los que facilitan el desarrollo regional y local. Estos aspectos son importantes ya que permiten que se realicen las contrataciones públicas teniendo no solo en cuenta el precio sino también otros aspectos como los medioambientales y los sociales.

El TTIP, al perseguir la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de prestación de los mismos a las ETN, así como a las compras y licitaciones de bienes y servicios de las Administraciones Públicas, pone en peligro todos los servicios públicos y las compras públicas, en todos los niveles de poder, y compromete la facultad de los representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la actividad industrial, el empleo y las iniciativas locales.

De este modo, las leyes del comercio priman sobre cualquier otra consideración social, e ignoran la legislación nacional, regional o local, de tal forma que las corporaciones locales se encuentran totalmente sometidas a este tipo de ajustes estructurales restrictivos, debidos a los acuerdos y las políticas de libre comercio y de protección del inversor. Si las negociaciones sobre el TTIP siguen adelante, la lógica impuesta por este tratado llevaría al desmantelamiento de los servicios públicos, así como a la pérdida de libertad de los poderes locales para suministrar los servicios públicos y satisfacer las necesidades sociales de sus poblaciones, haciendo imposible la promoción de políticas de fomento de la actividad económica y del empleo local.

Las ciudades y los municipios europeos reconocen la importancia del comercio de mercancías y de servicios para el bienestar de la ciudadanía. Sin embargo, la competitividad y el desarrollo económico no deberían ser los únicos criterios para determinar los acuerdos comerciales tales como el TTIP. Así mismo, los aspectos ecológicos y sociales tienen que ser considerados en cualquier negociación comercial bilateral. También es importante que se realice un análisis comparativo sobre los costes que se generarían en estos ámbitos con la aplicación del tratado respecto a las supuestas ventajas que reportaría el mismo. Este análisis no sólo debe implicar sus efectos económicos potenciales, sino también los impactos que el TTIP podría tener en ámbitos como el social, el económico, el sanitario, el cultural y el medioambiental, tanto en la UE como en los EEUU.

Las Administraciones Locales:

  • al estar cerca de las necesidades de sus pueblos, tienen el deber de injerencia respecto a lo que trama el TTIP, y un deber de respuesta, si no quieren verse acusadas de no ayudar a la población y al planeta en peligro

  • siendo los canales adecuados para promover los servicios públicos y la industria y empleo locales, se esfuerzan para su promoción como respuesta al interés común

  • están obligadas a proteger los derechos sociales, económicos y ambientales y a hacer frente a los peligros y exigencias que quiere imponer el TTIP aplicando imponiendo prácticas hoy prohibidas por las leyes europeas. Cabe mencionar entre ellas la producción de productos químicos y farmacéuticos no testados científicamente; la aceptación de alimentos modificados genéticamente, el consumo de carne de ternera y de cerdo tratados con hormonas, el pollo esterilizado con cloro o la extracción de gas por medio del “fracking”.

Las colectividades locales desean ampliar el debate público y democrático sobre lo que está verdaderamente en juego tras este Acuerdo y la suerte que correrán los servicios y compras públicos.

Por lo anteriormente expuesto quieren poner de manifiesto que:

  • el comercio y la inversión solamente pueden contribuir al bien común y conducir a intercambios económica y socialmente beneficiosos si respetan las necesidades humanas en todo lugar, y no se basan únicamente en el beneficio de los especuladores financieros y de las empresas multinacionales

  • la eliminación programada y progresiva de los servicios públicos es al mismo tiempo la eliminación programada y progresiva de la solidaridad y la democracia

  • la apertura máxima de los servicios y las compras públicas a la competencia produce efectos contraproducentes en cuanto a su accesibilidad, su calidad y su coste

  • los derechos sociales son derechos inalienables, por lo que no pueden depender exclusivamente de la lógica del mercado

  • sólo la existencia diversificada de servicios públicos socialmente útiles, permite asegurar una calidad de vida digna para todos y en todas partes, en estrecho nexo con el ejercicio real de la democracia

  • el control público debe preservarse para garantizar el acceso a los bienes comunes y a la creación de nuevos servicios públicos, así como para favorecer la industria y empleo locales

Por todo ello proponemos la siguiente

PROPOSICIÓN

  1. Declarar a la Provincia de Valladolid como Provincia insumisa y opuesta al TTIP, defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social.

  2. Solicitar del Ministerio de Administraciones Públicas del Gobierno de la Nación su apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles.

  3. Solicitar del Ministerio de Economía la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales similares (como el CETA, Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la UE, y el TISA, acuerdo multilateral para la liberalización y privatización de todo tipo de servicios públicos), con la finalidad de conseguir:

  • que mecanismos como el ISDS no sean incluidos en éste ni ningún otro tratado

  • defender la actual política reguladora de la UE y de sus Estados de manera que no se pierdan competencias en materias de legislación social, protección al consumidor y medio ambiente, evitando la participación de las ETN en la regulación

  • que el tratado no se limite a objetivos meramente económicos y se le dé la misma importancia y sean de tratados de igual forma en el acuerdo los objetivos sociales y los ambientales

  • que se termine la actual falta de transparencia de las negociaciones, se haga pública toda la información y se abra un debate público en la UE y sus respectivos parlamentos nacionales

  • que los servicios públicos y la propiedad intelectual sean excluidos del acuerdo

Valladolid, 24 de Julio de 2015

Fdo. Héctor Gallego Blanco

Portavoz del Grupo Provincial Sí Se Puede